Soy un asiduo lector de los boletines estadísticos de la Tesorería de la Seguridad Social, ya que permiten verificar cómo anda el empleo formal en nuestro país, observar la desigualdad salarial y comparar la capacidad adquisitiva de los trabajadores al cruzar los datos con los de la canasta familiar.
Por ejemplo, el último boletín publicado por la TSS en enero de este año señala que el salario promedio cotizable es de RD$38,612.28. Mientras que el 53.5% de las cotizaciones corresponden a salarios entre RD$15,000 y RD$30,000; el 19.09% se ubica entre RD30,000 y RD$50,000; y solo el 18.38% supera los R$D50,000. Esto deja claro que más del 78% de los empleados formales devenga un salario menor a RD$50,000.00.
Estos datos contrastan significativamente con los publicados por el Banco Central sobre la Canasta Familiar, los cuales establecen que, a marzo de este año, el promedio nacional es 10 mil pesos más alto que el salario promedio cotizable.
Pero hay datos mucho más desgarradores. Cerca de 80 mil compatriotas devengan igual o menos de 10 mil pesos mensuales, cuando la Canasta Familiar para el quintil más pobre es de RD$29,350.98. Esto quiere decir que más de 70 mil dominicanos deben buscar RD$19,350.98 adicionales para cubrir sus necesidades básicas, y alrededor de 9 mil compatriotas, que devengan 5 mil pesos o menos, deben cubrir una diferencia de RD$24,350.98 para llegar a fin de mes.
Sin dudas, estos datos muestran una realidad triste y poco esperanzadora, toda vez que el periodo de agosto 2020 a marzo 2026 registra el crecimiento de la Canasta Familiar más acelerado en los últimos 22 años. Según reportes del Banco Central, durante el periodo 2004-2012 el crecimiento fue de RD$9,376.01; en el 2012-2020, hubo una variación total de RD$6,778.58; mientras que, en estos últimos 5 años y 7 meses, la variación ha sido de RD$12,795.5.
Esta brecha no solo es una estadística fría; es la representación de un círculo vicioso de precariedad. Cuando el salario apenas alcanza para cubrir una fracción de los bienes básicos, el trabajador se ve empujado a la informalidad o al pluriempleo, sacrificando tiempo de descanso y salud para sobrevivir. Esto crea una clase trabajadora agotada, sin capacidad de ahorro, formación o inversión en capital humano, lo que a su vez limita la movilidad social y mantiene estancada nuestra productividad.
Es imperativo que este debate trascienda los números y aterrice en soluciones estructurales. El referido informe detalla una composición donde el 82% de las cotizaciones corresponden al sector servicios, el 15.46% a la manufactura y la construcción, y apenas el 1.72% a la agropecuaria. Ante esta realidad, necesitamos transformar nuestro tejido productivo, pasando de un modelo basado en bajos salarios a uno fundamentado en la alta competitividad, la tecnificación y el valor agregado.
De manera que estos datos dan pie para que se inicie o retome una conversación seria sobre cómo ir cambiando nuestro modelo productivo por uno que genere más formalidad, mejores empleos y menos desigualdad, porque la política no tiene sentido si no se usa para mejorar las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos.