El Administrador General de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Ing. Onéximo Antonio González, se encuentra bajo plazo perentorio para justificar la legalidad de la Licitación No. OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005 para la adquisición de autobuses urbanos.
De acuerdo con la Comunicación No. DGCP44-2026-004370 del 21 de octubre de 2026, la Dirección General de Contrataciones Públicas le otorgó 10 días hábiles para depositar su informe de defensa, conforme al artículo 216 numeral 3 de la Ley 47-25.
Al día de hoy, lunes 26 de octubre, le quedan 7 días hábiles. El plazo vence el martes 4 de noviembre de 2026.
De no depositar el escrito en ese período, la DGCP advierte que procederá a emitir el acto administrativo con los hallazgos preliminares sin su versión.
Efecto legal inmediato
El documento no solo inicia la investigación. Como efecto legal principal, la DGCP dictó una medida cautelar de suspensión de la licitación y solicitó a la Contraloría General no registrar el contrato adjudicado a CK Trans-Motors, S.R.L. Es decir, la OMSA no puede firmar ni ejecutar ese contrato hasta que concluya la investigación.
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¿Qué pasa si no responde?
Según la Ley 47-25, el silencio tiene consecuencias directas para el funcionario:
- Suspensión sin sueldo: El Art. 223 tipifica como falta de segundo grado la falta de respuesta a requerimientos del órgano rector. Sanción de hasta 90 días sin salario.
- Destitución: Si a pesar de la suspensión cautelar la OMSA intentara firmar el contrato, el Art. 224 lo tipifica como falta de tercer grado, cuya sanción es la destitución.
- Nulidad del proceso: La investigación puede concluir en la nulidad de la adjudicación y responsabilidad patrimonial por afectar la ejecución del servicio público.
El informe debe ser depositado en la sede de la DGCP en Gazcue o por la plataforma Transdoc Web.
Se recuerda que durante la gestión del presidente Luis Abinader han sido destituidos varios funcionarios con situaciones similares a la que hoy enfrenta el director de la OMSA.