Contratación por la que fue favorecida CK Trans-Motors, S.R.L. queda bajo investigación de oficio; Contrataciones Públicas pidió no registrar el contrato ni autorizar pagos hasta que se conozcan los resultados definitivos.
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender la continuidad de la licitación de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para adquirir autobuses urbanos, en una decisión que pone bajo cuestionamiento la planificación, la evaluación de ofertas y la transparencia de un proceso valorado en aproximadamente RD$2,000 millones.
Mediante la comunicación núm. DGCP44-2026-004370, fechada el 21 de octubre de 2026 y dirigida al administrador general de la OMSA, Onéximo Antonio González, el órgano rector informó el inicio de una investigación de oficio sobre la licitación pública nacional núm. OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, destinada a la adquisición de autobuses urbanos para la empresa estatal.
La decisión no se limita a detener temporalmente el procedimiento. La DGCP dispuso la suspensión de los efectos del Acta núm. 0158-CCP-2026, del 16 de octubre de 2026, mediante la cual se adjudicó el contrato a la empresa CK Trans-Motors, S.R.L. En consecuencia, las partes no pueden suscribir ni ejecutar contratos hasta que se emitan los resultados definitivos de la investigación.
Cuatro aspectos bajo investigación
En su comunicación, la DGCP identificó cuatro áreas en las que detectó debilidades sustanciales, que deberán ser examinadas para determinar si el procedimiento se ajustó a las disposiciones legales vigentes.
Entre los señalamientos figuran las condiciones establecidas en el pliego para el tratamiento del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicable a la importación de los bienes; la presunta evaluación irregular de las ofertas económicas; las debilidades de los estudios previos que sustentaron la licitación, y la falta de publicación de documentos del expediente administrativo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
La concurrencia de estas observaciones plantea interrogantes sobre la preparación del proceso, la aplicación de los criterios de evaluación y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de una contratación de elevado impacto económico.
En una adquisición de esta magnitud, los estudios previos deben ofrecer una justificación técnica suficiente de la necesidad de los vehículos y respaldar las decisiones de compra. Asimismo, las reglas tributarias y los criterios para evaluar las propuestas económicas deben ser claros, verificables y aplicados de manera consistente a los participantes.
La ausencia de documentos en el sistema de contrataciones, por su parte, dificulta el escrutinio público de las actuaciones administrativas y limita la posibilidad de que la ciudadanía conozca oportunamente cómo se desarrolló el procedimiento.
Contraloría recibe solicitud para bloquear registro y pagos
Otro elemento relevante de la comunicación es que la DGCP solicitó a la Contraloría General de la República que no registre el contrato correspondiente a la adjudicación suspendida ni autorice pagos al proveedor como consecuencia de esta.
La medida busca impedir que la adjudicación produzca efectos contractuales y económicos mientras se desarrolla la investigación administrativa.
Este paso aumenta la relevancia del caso para la administración de la OMSA, que deberá explicar y justificar las actuaciones realizadas en cada etapa del procedimiento, desde su preparación hasta la adjudicación.
La DGCP concedió a la institución un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, para presentar un informe justificativo sobre la legalidad de sus actuaciones. El órgano rector indicó que verificará el cumplimiento de la Ley núm. 47-25, su Reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, y las políticas emitidas por esa dirección.
La administración de la OMSA debe dar explicaciones
La suspensión representa un revés administrativo para el proceso de adquisición y obliga a examinar las decisiones adoptadas por los responsables de la contratación. No se trata únicamente de una observación formal: la investigación abarca elementos técnicos, económicos y de transparencia que inciden en la legalidad del procedimiento.
La administración encabezada por Onéximo Antonio González tiene la responsabilidad institucional de ofrecer explicaciones documentadas sobre las debilidades señaladas, aclarar cómo fueron elaborados los estudios previos, qué criterios se utilizaron para evaluar las ofertas económicas y por qué determinados documentos no figuraban publicados en el sistema correspondiente.
También deberá precisarse qué medidas se adoptarán para corregir las deficiencias que sean confirmadas y cómo se garantizará que una eventual continuación del proceso respete los principios de transparencia, competencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por el momento, la comunicación de la DGCP no constituye una declaración definitiva de que se haya cometido corrupción ni determina por sí sola responsabilidades penales o administrativas individuales. Corresponde a la investigación establecer el alcance de las posibles irregularidades y sus consecuencias.
Sin embargo, que el órgano rector haya iniciado una investigación de oficio, suspendido los efectos de una adjudicación y solicitado bloquear el registro contractual y los pagos constituye un hecho de suficiente relevancia para exigir rendición de cuentas.
La adquisición de autobuses debe responder a las necesidades del transporte público y al interés de los usuarios. Por ello, la administración de la OMSA tendrá que demostrar, mediante documentos y explicaciones verificables, que el procedimiento puede cumplir las exigencias legales y que la inversión proyectada está debidamente sustentada.
El resultado de la investigación será determinante para establecer si las deficiencias detectadas pueden subsanarse o si corresponde adoptar otras medidas sobre la licitación.