Aunque América Latina ha avanzado en la ampliación de la cobertura sanitaria, millones de familias continúan enfrentando gastos de su propio bolsillo para acceder a medicamentos, estudios y tratamientos que los sistemas públicos de salud no siempre garantizan. Esta realidad evidencia una contradicción en la región: tener cobertura médica no necesariamente significa recibir atención gratuita ni estar protegido frente al impacto económico de una enfermedad.
La situación queda expuesta en un análisis del médico y especialista en Salud Pública Ronald Jonathan Cañarte Siguencia, publicado en Latinoamérica 21, que compara el financiamiento sanitario de ocho países de la región durante el período 2000-2023, utilizando información del Banco Mundial.
Los resultados sitúan a México como el país con mayor proporción promedio de gasto directo de los hogares en salud, con un 47,87 % del gasto corriente del sector, seguido de Ecuador, con 45,71 %. Chile registra un 38,12 % y Perú un 36,08 %, mientras que Brasil alcanza el 31,30 % y Argentina el 28,09 %. Uruguay y Colombia presentan las proporciones más bajas, con 20,54 % y 16,10 %, respectivamente.
El estudio también evidencia diferencias importantes en la inversión pública. Argentina destinó, en promedio, el equivalente al 5,67 % de su producto interno bruto (PIB) al gasto gubernamental en salud, seguida de Uruguay, con 5,38 %, y Colombia, con 5,26 %. En contraste, México registró un 2,72 %, Perú un 2,96 % y Ecuador un 3,45 %.
Aunque los datos sugieren que una mayor participación del financiamiento público suele relacionarse con una menor carga económica para los pacientes, el análisis advierte que aumentar el presupuesto no garantiza por sí solo una mejor protección. La eficiencia en la distribución de los recursos, la disponibilidad de medicamentos y la capacidad de los hospitales para ofrecer servicios oportunos también determinan cuánto deben pagar las familias.
Una de las principales contradicciones señaladas es que un ciudadano puede estar asegurado, recibir una consulta médica sin costo y, posteriormente, verse obligado a comprar medicamentos en farmacias privadas o pagar estudios por falta de disponibilidad en los centros públicos. Esto provoca que los hogares utilicen sus ahorros, reduzcan otros gastos o incluso contraigan deudas para completar sus tratamientos.
El especialista sostiene que el verdadero desafío de América Latina no consiste únicamente en ampliar la cobertura sanitaria o incrementar el gasto estatal, sino en garantizar que esos recursos se traduzcan en servicios accesibles, medicamentos disponibles y una protección financiera efectiva para la población.
La conclusión del análisis apunta a que la universalidad de la salud debe medirse no solo por la cantidad de personas afiliadas o cubiertas por un sistema, sino también por la capacidad de los Estados para evitar que el costo de enfermarse termine recayendo sobre las familias.
