Desde hace varios días hemos visto acciones y actitudes que nos llevan a recordad que, en un país donde muchas veces denunciar abusos incomoda más que cometerlos, no sorprende que una gestión frontal, reformista y comprometida con los ciudadanos despierte resistencias.
Pero, lo que sí debe llamar la atención es la intensidad de los ataques dirigidos contra Elías Báez por una labor que, lejos de responder a intereses particulares, ha estado enfocada en fortalecer la defensa de los afiliados del sistema de seguridad social. Me consta de primera mano por casos que me ha tocado referir.
Ha llegado el momento en que se hace necesario condenar categóricamente la campaña de cuestionamientos que hoy intenta desacreditar a un funcionario que ha demostrado que desde el Estado también se puede actuar con firmeza, sentido humano y voluntad de transformación.
Es evidente que cuando una gestión comienza a tocar privilegios, desmontar prácticas lesivas y transparentar procesos, inevitablemente afecta intereses. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). Las críticas, como ha señalado el propio Báez, parecen surgir de sectores incómodos con reformas que han puesto en el centro a la gente y no a los negocios.
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Durante la administración de Báez se han impulsado acciones concretas que han generado ahorros millonarios para los afiliados, corregido cobros indebidos, ampliado servicios, fortalecido la atención 24/7 y promovido una defensa activa de ciudadanos que por años estuvieron desprotegidos frente a los excesos del sistema. Solo esos resultados deberían bastar para entender por qué algunos sectores reaccionan.
Pero más allá de los números, hay un elemento que merece destacarse: la actitud. Elías Báez ha asumido una postura frontal frente a quienes pretenden poner intereses económicos por encima de derechos fundamentales. Y eso, en tiempos donde muchos optan por la comodidad del silencio, tiene un enorme valor.
Su campaña para orientar a familias sobre fondos no reclamados en las AFP, que ya ha facilitado devoluciones significativas, es una muestra de una gestión que no espera denuncias para actuar, sino que sale a buscar soluciones. Eso no es improvisación. Eso es compromiso público.
Defender a los ciudadanos frente a estructuras que históricamente han operado con escasa fiscalización tiene costos políticos. Pero también dignifica el servicio público. La defensa de los afiliados no puede ser negociable. Y quienes se atreven a asumirla con firmeza merecen apoyo ciudadano, no embestidas interesadas.
Quienes hoy atacan deberían explicar qué les molesta: ¿la transparencia?, ¿las sanciones a quienes abusan de pacientes?, ¿la defensa decidida de los más vulnerables?, ¿o que una institución que antes parecía reactiva hoy tenga voz, presencia y resultados?
Concluyo dejando abiertas estas preguntas amables lectores, y lo hago con conocimiento de que son ustedes personas maduras a quienes no cualquier sector o persona podría manipular con campañas sin fundamentos.
Hasta la próxima entrega…